En este peculiar crédito del Estado venezolano -gestionado con la colaboración de la embajada local de ese país, según se informó-, el dinero se entregó a una sociedad inmobiliaria vinculada al PC y al presidente del directorio de la U. Arcis, Max Marambio; es decir, a una inmobiliaria de los dueños de la universidad.

La U. Arcis ha tenido serias dificultades en los planos económico y académico, debido a que su marcada orientación ideológica no logra atraer a un número importante de buenos alumnos. A fines del año pasado, Marambio, como dueño principal, planteó la venta de la entidad, que no parecía tener viabilidad económica, pero la operación crediticia venezolana habría sido la tabla de salvación.

Las motivaciones del Estado venezolano para involucrarse en una riesgosa operación crediticia sólo pueden fundarse en el propósito de fomentar la ideología "bolivariana" chavista. Si bien la operación comercial se ajusta a la ley, la posibilidad de que otro Estado promueva corrientes ideológicas y políticas dentro de un tercer país justifica un análisis cuidadoso del sentido de estas ayudas. Chile es un país libre y abierto y, en consecuencia, cualquier corriente de pensamiento puede crear una universidad y conseguir los medios para ello donde estime conveniente. Pero la autoridad deberá velar por el cumplimiento de la Ley de Educación Superior, que establece que los planteles tienen objetivos académicos y no pueden transformarse en centros de activismo político con financiamiento extranjero, ni menos en focos de fomento de la subversión. Lamentablemente, la trayectoria del gobierno del Presidente Chávez permite dudar de que sus objetivos sean simplemente académicos, pues a menudo ha tratado de interferir en los procesos políticos internos de los países de nuestra región.