Señor Director:
El año 2016 inició el fin al copago. Los colegios debían decidir si pasarían a ser particulares pagados o particulares gratuitos. Con esto, muchos establecimientos pasaron a ser absolutamente subvencionados por el Estado, sin recibir aporte de los apoderados.
No obstante, esto no significó que el Estado se hiciese cargo de la administración de los recursos. Aún existe la participación de terceros en el ámbito educativo, quienes disponen del dinero de todos los chilenos para llevar a cabo su propia empresa. Al Estado solo le queda fiscalizar el correcto uso de sus fondos. Es decir, entregar todos los recursos necesarios para que estas empresas educativas puedan continuar funcionando, ¿es realmente educación pública?
Si vemos la realidad, en los establecimientos más vulnerables no se ve reflejado este aporte económico. Creo que existen fundaciones preocupadas por sus colegios, pero otras aún se aprovechan de la situación.
Ignacia Mora
