Desde principios de este año, el municipio penquista y la gobernación han intentado poner fin al comercio ambulante en el gran Concepción. Para ello, se tomaron diversas medidas como el aumento de multas cursadas a quienes ejercen dicha actividad sin los permisos legales correspondientes y también a quienes les compren, o sea, los consumidores, junto con la mayor autoridad brindada a los inspectores municipales.
El argumento principal es que aquellos vendedores perjudican al comercio establecido, existe mayor posibilidad de fraude sin control alguno, daño a la propiedad intelectual, es decir, la piratería y además, constituyen un foco para la delincuencia.
Sumado a que perjudican el orden y limpieza de las calles, sin olvidar la falta que constituye evadir el pago de permisos provisorios para ejercer dicha actividad en los lugares establecidos para ello, como la calle Caupolicán o los puestos de feria asignados.
La municipalidad mantuvo los permisos a las personas con discapacidad o es estado de vulnerabilidad, que no tenían oportunidad de obtener algún empleo, pero no se permite a personas jóvenes en edad de productividad laboral que aun pudiendo realizar otra labor prefieren vender en las calles, al margen de la ley. La pregunta es ¿qué es mejor? ¿que aquellas personas se dediquen al comercio ambulante o roben, asalten o cometan cualquier otro delito de índole mayor?
Si bien se entiende que efectivamente hay razones fundadas para querer eliminarlo de las calles del centro de Concepción, ¿qué sucede con las demás comunas? En todas partes se observa la presencia del típico vendedor ambulante, que muchas veces depende de esa actividad comercial para el sustento de su hogar y familia, y si se les quita esa posibilidad ¿de qué vivirán?
Tal vez sea mejor ordenar el comercio ambulante, distribuyéndolo en distintas calles o zonas y estableciendo los requisitos de limpieza, orden, oferta y tipo de productos, en vez de optar por la medida más sencilla: erradicarlo a punta de amenazas y multas.
Si se quiere un país con menos delincuencia, se deben ofrecer las oportunidades para erradicarla o, por lo menos, disminuirla, porque quitando una fuente de empleo claramente sólo se incitará a que aquel padre o madre de familia busque otras formas de subsistir, y si no las encuentra bajo la línea del bien y sin dañar a la sociedad, no tendrá otra opción que obtener de alguna manera ingresos, ya sea robando o cometiendo cualquier otro delito, llegando incluso a causar daños personales.
¿Quién se hará cargo de eso? ¿El municipio y la Gobernación? Si bien depende del cristal con el que se mire y analice la situación, ya que sin duda el municipio también se ve perjudicado al no percibir los tributos de estos comerciantes, que en las fechas comerciales invaden las calles de la ciudad y utilizan el espacio para transitar.
Lo que sí es efectivo es que la manera más óptima de solucionar un problema no es quitándolo de raíz, sino buscando las formas más adecuadas y justas para causar el menor impacto en todas las partes involucradas porque, se quiera o no, en la actualidad casi nada se resuelve sin marchas, manifestaciones o protestas, como lo que se pudo observar en el gran Concepción, cuando se dio a conocer la nueva medida municipal.
