Ya hemos sido testigos durante los últimos años en nuestro país, de las múltiples manifestaciones y protestas que realizan los estudiantes para exigir su derecho a una educación de calidad y para expresar su descontento sobre cómo se están llevando a cabo las diversas formas en que el gobierno ha tratado de “mejorar” este importante factor social.
No está demás recordar que estas conocidas movilizaciones que se realizan año a año, se iniciaron con la famosa “Revolución Pingüina” y que, desde entonces, ha habido una evolución favorable; puesto que se han obtenido ciertos beneficios. Pero a la vez, ha sido perjudicial, porque se ha visto de igual modo, cómo se ha convertido ya casi en tradición que al terminar las marchas, un grupo minoritario realiza destrozos y provoca situaciones violentas y, por consiguiente, el malestar y enojo de muchas de personas.
Nos han transmitido la idea de que en Chile existe la libertad de expresión, no se sabe hasta qué punto si nos ponemos a pensar qué entienden algunos por ese concepto, debido a que las manifestaciones convocadas por las federaciones estudiantiles se llevan a cabo en un ambiente de tensión con la presencia policial y terminan en conflictos donde se puede observar saqueos, quema de automóviles, destrucción de locales y servicios comunitarios de los que todos hacen uso diariamente.
Consideramos que estos actos son crímenes que deben ser sancionados. Es una vergüenza que una parte de la juventud realice manifestaciones que finalizan en destrucciones.
La CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) ha señalado en varias oportunidades que su intención es expresarse de manera pacífica, pero que un grupo de jóvenes denominados “encapuchados” ensucian las protestas con actos violentos sin medir consecuencias.
A raíz de esto, se ha comprobado, además, que muchos de ellos ni siquiera son estudiantes y tienen un amplio repertorio delictual. Con ello, se demuestra la contrariedad de exigir educación, cuando creemos que esta hace falta a muchos de aquellos que no toman consciencia aún del daño que hacen a la sociedad. Por supuesto, dejando en claro que es una efectiva forma de llamar la atención.
Finalmente, llegamos a la conclusión de que, con este tipo de acciones, lo único que se ha conseguido es atraer las malas noticias por parte de varios medios de comunicación sobre los graves destrozos que se producen, dejando de lado el real sentido de las marchas y las razones de interés para los ciudadanos sobre el tema.
Por todo esto, es que debiera presentarse, aprobarse y aplicarse de manera severa una ley que prohíba este tipo de manifestaciones violentas y que no aportan al desarrollo del país, castigando a través de trabajos comunitarios, multas o encarcelamiento a quienes sean partícipes de estos actos.
Los padres deben hacerse también responsables de los actos de sus hijos cuando son menores de edad, ya que es labor de ellos educarlos y formar una persona que busque el bien común y no que se dedique a distorsionar el gran sueño de muchos: vivir en una nación con una educación de calidad, con valores y competencias suficientes para contribuir a mejorar nuestra cultura y nuestro mundo.
