Hablar de educación de calidad, para todos, y de gratuidad siempre ha sido un tema de interés nacional, el cual por décadas ha trascendido en el ADN de muchas generaciones que han luchado y defendido sus derechos, que también han sido promovidos desde lo más esencial, como lo es la Constitución, por el derecho a la educación. Pero, hoy el tema que convoca el actual interés lo promueve la reforma de la Ley 20.370, que se enfoca en la inclusión y posee otras aristas, por ejemplo, las enfocadas en el sistema de financiamiento que tendrán los establecimientos educacionales a partir del 2018.
Lo anterior alude a que los establecimientos particular subvencionados se vieron enfrentados a escoger su forma de financiamiento, siendo fundación, estatal o particular pagado. Y en el caso de quienes optaron por el sistema particular, trajo consigo la consecuencia de un importante éxodo de estudiantes, que prefirieron acogerse a la gratuidad y por ello debieron cambiarse de colegio lo antes posible para obtener alguna matrícula entre las pocas vacantes disponibles.
Este tema está generando sin duda complicaciones familiares, económicas y sociales que probablemente la Ley no vio en el papel a la hora de formular sus párrafos, ya que mayoritariamente las familias de “clase media”, con más de un hijo estudiando, no poseen las condiciones económicas para acceder a una educación particular pagada con los gastos adicionales que ella conlleva, por ejemplo asumir el costo total de los textos escolares, puesto que ya no serán financiados por el Estado.
Otro punto de quiebre que generó esta reforma, y no por ello menos importante, se refiere a como este éxodo estudiantil está afectando al interior de las comunidades escolares. A causa de esto se ven interrumpidos procesos formativos, educativos y afectivos, que muchas veces pueden dificultar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, cuando estos son alterados en forma involuntaria, apresurada y en algunas ocasiones termina siendo una decisión arbitraria por parte de los padres, lo cual también debería ser una preocupación para quienes buscan a través de la leyes el bien común para todos y todas.
Estos cambios en el sistema educacional han generado un evidente descontento entre los padres y apoderados en los diferentes establecimientos semi subvencionados que han modificado su figura a particular pagado. Lo más triste de esta discusión es que ellos culpan y responsabilizan a los sostenedores, directivos y a los dueños por estos cambios, sin entender que este es un tema país: son los Presidentes, los senadores y los diputados, quienes han generado este nuevo caos en la educación. El fin en sí mismo no es suficiente para hablar de educación gratuita e inclusiva, ya que finalmente lo único que se está evidenciando con esta reforma es la marcada brecha social existente en Chile.
Lo importante, es entender el origen de esta reforma y las consecuencias que traerá a la educación chilena, para ello es de vital importancia tener una sociedad informada con voz y voto crítico, consciente de donde realmente se originan sus problemas y descontentos. Y además un Estado y una estructura gubernamental con las voluntades políticas de entender y visualizar todas las posibles aristas de un tema, antes de formular o reformular una Ley.
