La cobertura del sector público en nuestro país, está relacionada generalmente con la aglomeración y la ineficiencia. En un texto escolar clásico, «El médico a palos” de Molière, el protagonista finge ser un afamado médico a través de diagnósticos ininteligibles y frases doctas que no dicen nada. Esa es la impresión que deja la salud pública, un sector que a pesar de las inyecciones de dinero y medidas anunciadas por cadena nacional, no significan nada. No es novedad que los hospitales y centros de salud primario colapsen, que falten especialistas o utensilios de uso básico. ¿Por qué ocurre esto? ¿No es la salud un derecho constitucional del que el Estado debe hacerse cargo?
En 1987 el gasto público de salud en Chile fue de solo 2% del PIB y actualmente solo un 3,5%. Sin embargo, nuestro país debería tener un gasto de al menos un 6% según la Organización Mundial de la salud (OMS). Este hecho demuestra la poca importancia que le dan las autoridades a un tema que afecta a la mayoría de la población, a esas capas de la sociedad que no pueden acceder a la atención privada.
En un informe publicado durante el 2008, se analiza la efectividad del gasto público en la cartera. Allí se concluye que la proporción de trabajadores de la salud y las camas en los hospitales para los usuarios es muy inferior a la media de la OCDE. Sumado a lo anterior, se indica que en Chile hay un médico por cada 550 habitantes, pero el sistema público tiene solo un tercio de las horas médicas totales del país para atender a cerca del 80% de la población. Como resultado de esto, el país queda en segundo lugar con el mayor gasto realizado por los mismos pacientes.
En la misma lógica mercantil de los servicios básicos, solo el 19% de la población de nuestro país tiene ISAPRE pero recauda el 56% de las cotizaciones. Por otro lado, los requisitos para ingresar al programa GES son diversos: los tramos etarios y un universo reducido de patologías. Por ende, el problema de exclusión es constatable y afecta a la mayoría de los pacientes. Ahora bien, si se considera su contraparte, el pago por las prestaciones de Fonasa a los hospitales públicos no alcanza a cubrir su costo real. Cubre menos de la mitad (40%), por lo cual la deuda hospitalaria sigue creciendo, superando hoy los 105.000 millones.
Los gobernantes deberían tomar en cuenta la opción de mejorar sus políticas públicas de manera efectiva y no solo poner sus energías en dar dinero a los establecimientos. Dos hospitales cuestan aproximadamente U$600 millones, lo que representa el doble, es decir, hay más de U$300 millones que quedan como ganancia para el concesionario.
Se debería implementar un servicio que valga la pena y con el que la gente pueda percibir seguridad en caso de cualquier problema que se presente. Resulta increíble que en la capital del país falten al menos 12 hospitales y los enfermos deban viajar hacia otras comunas buscando un mejor servicio. La misma situación ocurre en la Quinta Región, donde los especialistas se aglomeran en las comunas más grandes.
Es de esperar que al igual que en la obra de Molière, la medicina no deba aparecer por la fuerza y funcione como debería ser: con garantías constitucionales y una cobertura adecuada para los habitantes de este país con pretensiones primermundistas.
